Imagina que tienes 52 años.
Cuando te divorciaste, trabajabas y ganabas 2.400 € mensuales.
El juzgado estableció una pensión de alimentos de 400 € para tu hijo.
Ahora has perdido el empleo, tus ingresos han disminuido considerablemente y tu hijo tiene 23 años.
Piensas:
—Si ya no gano lo mismo, pagaré 200 € en lugar de 400 €.
CUIDADO: TENER MOTIVOS PARA PEDIR UNA REDUCCIÓN NO SIGNIFICA QUE PUEDAS DECIDIRLA TÚ SOLO.
1. ¿PUEDO PAGAR MENOS SI ME HE QUEDADO SIN EMPLEO?
Una pérdida importante de ingresos puede justificar que se estudie una modificación de la pensión.
Pero hay que acreditar las circunstancias.
No es lo mismo una reducción puntual de ingresos que un cambio económico relevante que afecta a tu capacidad de pago.
Por ejemplo:
Antonio pagaba 400 € mensuales cuando tenía un empleo estable.
Después pierde su trabajo y pasa a cobrar una prestación mucho menor.
En ese caso puede ser necesario estudiar si procede solicitar judicialmente una reducción.
Lo que no debe hacer es modificar por su cuenta la cantidad establecida en la resolución.
2. ¿QUÉ OCURRE SI DECIDO PAGAR SOLO LA MITAD?
Imagina que la sentencia establece 400 € mensuales y decides ingresar únicamente 200 €.
Cada mes podrías estar dejando una diferencia de 200 € pendiente de pago.
Después de seis meses, esa diferencia ascendería a 1.200 €.
Aunque tengas dificultades económicas reales, el otro progenitor puede reclamar las cantidades que sigan siendo exigibles conforme a la resolución.
Por eso, cuando las circunstancias cambian, conviene actuar jurídicamente cuanto antes.
3. ¿Y SI MI HIJO MAYOR DE EDAD YA ESTÁ TRABAJANDO?
También puede ser relevante para revisar la pensión.
Pero debemos distinguir dos situaciones.
Ejemplo 1: trabajo ocasional.
Laura tiene 22 años, estudia y trabaja algunos fines de semana.
Sus ingresos son reducidos y no le permiten vivir de manera independiente.
Ejemplo 2: independencia económica.
Carlos tiene 25 años, dispone de un trabajo estable y obtiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.
Estas situaciones no tienen necesariamente la misma consecuencia jurídica.
La clave es comprobar si el hijo puede mantenerse realmente por sí mismo.
4. ¿QUIÉN TIENE QUE CONTRIBUIR A LOS GASTOS DEL HIJO?
La obligación de alimentos se analiza teniendo en cuenta las necesidades del hijo y los recursos de ambos progenitores.
No significa que todos los gastos deban repartirse siempre al 50 %.
Por ejemplo:
Una madre gana 1.200 € mensuales y el padre 3.000 €.
Su hija de 21 años sigue estudiando y necesita ayuda económica.
No sería correcto concluir automáticamente que ambos deben aportar exactamente la misma cantidad.
También habrá que valorar qué gastos asume cada uno y si uno de los progenitores proporciona alojamiento y manutención directamente.
Lo importante es una contribución adecuada a las necesidades y a los recursos de cada familia.
5. ¿QUÉ NECESITO PARA PEDIR UNA MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN?
Entre otros documentos, según el motivo:
- Resolución judicial que establece la pensión.
- Nóminas anteriores y actuales.
- Documentación del desempleo.
- Prestaciones que percibes.
- Declaraciones y documentación económica relevante.
- Información acreditable sobre los ingresos del hijo.
- Documentos sobre sus estudios o situación laboral.
No basta con decir que las circunstancias han cambiado: hay que demostrarlo.
6. ¿Y SI EL OTRO PROGENITOR NO ACEPTA LA REDUCCIÓN?
Cuando no existe acuerdo, habrá que estudiar el procedimiento judicial correspondiente.
El juzgado valorará las circunstancias y decidirá si procede modificar la obligación.
La modificación no es automática ni se consigue simplemente comunicando que vas a pagar menos.
EL ERROR MÁS HABITUAL
Esperar varios meses, reducir la pensión por iniciativa propia y buscar asesoramiento cuando ya existe una reclamación por impago.
Si tu economía ha cambiado o tu hijo ha alcanzado la independencia económica, lo adecuado es revisar la situación antes de dejar de cumplir la resolución.
En Morín Hernández Abogados podemos estudiar si concurren las circunstancias necesarias para solicitar una reducción o extinción de la pensión de alimentos y preparar la reclamación judicial que corresponda.
No se trata de dejar de ayudar a un hijo que lo necesita, sino de ajustar legalmente las obligaciones a la situación real de la familia.
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