¿Qué ocurre cuando una infracción administrativa se convierte en un proceso penal? Este es el caso de Jesús y Felisa, dos hosteleros procesados por la posesión de una caracola marina sin saber que era una especie protegida. Un caso que llegó al Tribunal Supremo y sentó un precedente clave sobre la aplicación del Derecho Penal en materia ambiental.
El caso: una simple caracola, un delito ambiental
Jesús y Felisa, dueños de un restaurante, compraron marisco en la lonja y, entre su compra, apareció una caracola marina. Sin intención de venderla ni traficar con ella, la guardaron en su restaurante como simple decoración. Sin embargo, en una inspección, los agentes del Seprona la encontraron y consideraron que su posesión era un delito.
📌 El artículo 334 del Código Penal sanciona la caza, captura, posesión o comercio de especies protegidas sin autorización. Como resultado, la pareja fue procesada, juzgada y condenada.
¿Realmente era un delito?
La defensa alegó que:
- No hubo intención de capturar ni comercializar la caracola.
- No se produjo un daño real al ecosistema.
- La sanción penal era desproporcionada para una infracción que podía resolverse con una multa administrativa.
A pesar de ello, fueron condenados. Sin embargo, recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo.
La decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo revisó el caso y concluyó que la condena era excesiva por las siguientes razones:
- Principio de intervención mínima: el Derecho Penal solo debe aplicarse cuando no hay otra vía más adecuada.
- Falta de peligro real para la biodiversidad: el hecho no representaba una amenaza significativa.
- Diferenciación entre delito y sanción administrativa: la posesión de especies protegidas sin autorización puede ser sancionada administrativamente, pero no siempre constituye un delito.
📢 Conclusión:
✅ Si una infracción puede resolverse con una multa administrativa, NO debe ser considerada delito.
✅ No se puede aplicar automáticamente el artículo 334 del Código Penal.
✅ El Derecho Penal no debe ser una herramienta para sancionar incumplimientos administrativos de manera desproporcionada.
Reflexión final
Este caso marca un precedente sobre la necesidad de aplicar el Derecho Penal de manera proporcional. Si bien la protección del medio ambiente es fundamental, es esencial diferenciar entre infracción administrativa y delito. La justicia debe garantizar que las sanciones sean justas y acordes a la gravedad de la conducta.
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