Imagina un edificio de Santa Cruz de Tenerife.
En el tercero vive Carmen, de 67 años, desde hace veinte.
En el segundo, una familia con dos niños pequeños.
Y en el cuarto, un propietario comienza a explotar una vivienda turística.
Empiezan a entrar y salir visitantes con maletas.
La comunidad considera que esa actividad está prohibida por sus estatutos.
El propietario responde:
—El piso es mío y los estatutos no dicen expresamente vivienda vacacional.
Los vecinos se preguntan:
¿TENEMOS QUE RESIGNARNOS O PODEMOS HACER ALGO LEGALMENTE?
1. UNA COMUNIDAD CONSIGUIÓ QUE SE ORDENARA EL CESE DE UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA.
En un caso judicial real, una comunidad de propietarios acudió a los tribunales porque consideraba que la explotación turística de una vivienda vulneraba sus estatutos.
Los estatutos prohibían determinadas actividades económicas dentro de las viviendas.
Entre los ejemplos aparecían oficinas, despachos, consultas y clínicas.
Los propietarios defendían que el alquiler turístico no estaba mencionado expresamente.
Pero el tribunal examinó el contenido de la prohibición y concluyó que la actividad turística desarrollada estaba comprendida en ella.
¿QUÉ CONSIGUIÓ LA COMUNIDAD?
Una sentencia que declaró prohibida aquella actividad y ordenó su cese.
Los demandados recurrieron.
La apelación fue desestimada y se confirmó la orden de cese.
Además, se mantuvo la condena en costas de primera instancia y se impusieron las correspondientes a la apelación.
El resultado judicial descrito no acredita por sí solo que posteriormente se comprobara el cierre efectivo del alojamiento.
2. ¿CUÁL FUE EL DETALLE JURÍDICO QUE CAMBIÓ EL CASO?
La comunidad no necesitó demostrar que los estatutos mencionaran una plataforma de reservas concreta.
El tribunal entendió que la actividad turística ya estaba incluida en una prohibición anterior.
Este detalle fue decisivo porque los propietarios habían comenzado la explotación antes de que se aprobara una prohibición expresa posterior.
Sin embargo, el tribunal consideró que no se estaba aplicando retroactivamente una regla nueva, sino exigiendo el cumplimiento de una prohibición que ya existía.
Esa diferencia puede cambiar el resultado de un procedimiento.
3. ¿Y SI EL PROPIETARIO DICE QUE ES UNA EMPRESA QUIEN GESTIONA EL ALQUILER?
En el caso examinado, una sociedad podía gestionar las reservas y subarrendar el inmueble para uso vacacional.
Los propietarios recibían un porcentaje de los ingresos.
Pero el tribunal no aceptó que la intervención de esa empresa eliminara la aplicación de los estatutos.
Contratar a una gestora no convierte automáticamente en permitida una actividad que esté válidamente prohibida.
La orden judicial de cese afectó tanto a los propietarios como a la sociedad demandada.
4. ¿QUÉ DEBE HACER UNA COMUNIDAD ANTES DE DEMANDAR?
Lo primero no es discutir en el portal.
Lo primero es examinar los documentos.
Paso 1. Revisar el título constitutivo y los estatutos.
Hay que comprobar si existe una prohibición válida y aplicable.
No basta con que a los vecinos no les guste el alquiler turístico.
Paso 2. Examinar los acuerdos de la comunidad.
Hay que comprobar qué se ha aprobado, con qué mayoría y desde cuándo produce efectos.
Paso 3. Identificar y documentar la actividad.
Puede resultar relevante conservar anuncios, comunicaciones y otros medios de prueba obtenidos lícitamente.
Paso 4. Realizar el requerimiento de cese cuando proceda.
La Ley de Propiedad Horizontal contempla un procedimiento específico frente a determinadas actividades prohibidas.
Paso 5. Acudir a los tribunales si continúa la actividad y concurren los requisitos.
Para ejercitar la acción correspondiente, el presidente debe contar con la autorización comunitaria exigida por la ley.
Una comunidad puede tener razón sobre el fondo y, aun así, complicar su reclamación si no sigue correctamente los trámites.
5. ¿PUEDE EL JUEZ OBLIGAR A DEJAR DE ALQUILAR EL PISO?
Sí, cuando concurren los presupuestos legales.
En el caso explicado, el tribunal ordenó cesar la explotación turística.
Pero hay que distinguir dos consecuencias:
Una cosa es ordenar que termine una actividad prohibida.
Otra muy diferente es privar temporalmente al propietario del uso de su vivienda.
La Ley de Propiedad Horizontal contempla, en determinados supuestos, la posibilidad de privación del uso por un periodo máximo de tres años, atendiendo a la gravedad de la infracción y a los perjuicios.
No es una consecuencia automática.
En el caso examinado, la comunidad solicitó también una privación temporal del uso durante dos años.
Esa medida no fue concedida.
La comunidad consiguió su objetivo principal: la orden de cese de la actividad.
6. ¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS DEL JUICIO?
En el procedimiento explicado se impusieron a los demandados las costas correspondientes.
Pero las costas no significan necesariamente recuperar todos los gastos que haya soportado la comunidad.
Su imposición y cuantificación se rigen por las normas procesales.
Antes de demandar, conviene valorar tanto las posibilidades jurídicas como los costes y riesgos del procedimiento.
7. ¿PUEDE LA COMUNIDAD CAMBIAR LA CERRADURA O IMPEDIR LA ENTRADA A LOS TURISTAS?
No debe tomarse la justicia por su mano.
La comunidad no puede sustituir al juzgado ni a la Administración.
Si existe una actividad prohibida, debe utilizar los procedimientos legales correspondientes.
También puede poner los posibles incumplimientos turísticos o urbanísticos en conocimiento de la Administración competente.
La solución no consiste en enfrentarse a los visitantes, sino en actuar jurídicamente contra la actividad cuando exista fundamento para hacerlo.
En Morín Hernández Abogados podemos estudiar los estatutos de tu comunidad, revisar los acuerdos, analizar las pruebas y valorar la reclamación necesaria para conseguir el cese de una actividad turística prohibida.
Una comunidad bien asesorada no necesita resolver sus conflictos a gritos: necesita conocer sus derechos, reunir las pruebas y utilizar correctamente las herramientas legales.
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