No toda ilegalidad administrativa es delito, ni toda arbitrariedad constituye prevaricación. Pero, ¿Dónde está el límite? Analizamos el caso de un alcalde y un concejal que estuvieron al borde de la condena por denegar una licencia de forma injustificada.
El caso de Juan: una licencia denegada sin explicación
Juan, empresario de 45 años y propietario de una escuela de equitación en Canarias, decidió mejorar sus instalaciones construyendo un almacén en su finca. Presentó su solicitud ante el Ayuntamiento con todos los documentos en regla:
✅ Contaba con informes técnicos favorables.
✅ Cumplía con la normativa urbanística.
✅ Tenía todos los permisos necesarios.
Sin embargo, el Ayuntamiento le denegó la licencia sin una justificación clara, alegando que la construcción no era compatible con la regulación urbanística, pese a que otras empresas del sector habían recibido autorizaciones similares.
Juan recurrió la decisión y, tras una primera derrota en el juzgado contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón, anulando la resolución municipal.
¿Error administrativo o prevaricación?
Para Juan, no se trataba de un simple error burocrático, sino de una posible prevaricación. El artículo 404 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su cargo, dicta una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia.
Para que exista delito de prevaricación, deben cumplirse dos requisitos fundamentales:
🔴 Resolución manifiestamente injusta: No basta con un error, debe ser irracional y sin base legal.
🔴 Conocimiento y voluntad del funcionario: La autoridad debe actuar con plena conciencia de que está tomando una decisión arbitraria y contraria a la ley.
Si falta alguno de estos elementos, no hay delito de prevaricación.
La resolución del Tribunal Supremo
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que absolvió al alcalde y a los concejales acusados de prevaricación. 🛑 La justicia no puede utilizarse como un arma contra funcionarios que interpretan erróneamente la norma. 💡 Si cualquier error administrativo llevara a un alcalde a prisión, nadie se atrevería a tomar decisiones.
El Tribunal Supremo concluyó que el Código Penal no puede ser una vía rápida para resolver disputas administrativas, reservando la prevaricación para casos de arbitrariedad clara, manifiesta y dolosa.
Conclusión
Este caso demuestra la delgada línea entre un error administrativo y un delito de prevaricación. Si bien la justicia administrativa corrige irregularidades, es fundamental probar el dolo para que una conducta tenga relevancia penal. Contar con asesoría legal adecuada es clave en estos casos.
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